POR LA ASOCIACIÓN INDÍGENA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y SUS DELEGACIONES DEL PAÍS

Basilio Soria, Gabino Zambrano, Rogelio Guanuco, Carlos Canhue, Lucia Molloja, y otros.

 

La larga, perversa y porfiada negación del Estado para constituir el Consejo de Coordinación, de conformidad a la ley 23.302 y su Decreto Reglamentario y su pertinaz reticencia para cumplir con las resoluciones judiciales solo se puede explicar por qué subyace en el Estado, sus instituciones, y sus hombres de una inmensa carga de racismo y de colonialismo interno que se manifiesta crudamente por el incumplimiento de una montaña de derechos reconocidos que tienen como sujetos exclusivos los pueblos indígenas argentinos y sus comunidades en la Constitución y las Leyes, que motivan las miserables condiciones de olvido y marginación en que sobreviven los hijos de estas tierras.

En 1985, luego del advenimiento de la democracia, se sanciono la ley 23.302 que declara de interés nacional el apoyo a las comunidades aborígenes para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación. La misma prescribe planes de salud, educación bilingüe intercultural, vivienda, adjudicación de tierras, desarrollo integral etc., teniendo en cuenta sus particulares culturales. Ordena la creación del INAI, como organismo de aplicación de dicha ley, del Convenio 107 de la OIT hoy 169, y demás derechos consagrados en nuestro país, con autarquía, y participación indígena. La norma ha sido reglamentada por Decreto 155-89.

Luego de una larga morosidad, en 1991, la AIRA, le inicia juicio al Estado Nacional por incumplimiento de las prescripciones de la ley. En 1998 el Poder Judicial de la Nación sentencio al PEN el cumplimiento de la ley con participación indígena. Desde aquella fecha en un largo expediente la causa acumula cerca de dos mil hojas, 5 sentencias judiciales a favor de los indígenas, que el Estado incumple vergonzosamente las resoluciones del alto tribunal pasadas en autoridad de cosa juzgada, afectando incluso la división de poderes de la República.

Es que el Consejo de Coordinación, constituye un organismo vital e imprescindible para cumplir con la ley 23302. Es el corazón de la ley. No se trata entonces de inventar y de imaginar cualquier consejo. Ni sustituir la titularidad de los verdaderos sujetos de derecho que reposan en los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades. No se trata de reunir entre cuatro paredes a algunos hermanos indígenas de vez en cuando, para que sesionen en secreto, aislados, amurallados, bajo estricto impedimento de veedores y de toda otra participación que de transparencia de tales actos, para imponerles en estas condiciones una agenda, y hacerlos firmar ligeramente una supuesta “participación”, que compromete a la totalidad del mundo indígena de nuestro país, convalidando y poniendo en cabeza de los aborígenes, la corresponsabilidad de la inoperancia de las obligaciones inexcusables del Estado.

El Consejo de Coordinación, en cambio , constituye un esquema con capacidad operativa , mediante el cual se materializa la participación indígena, cuya constitución y objetivos taxativamente ordena la ley para las especificas funciones de coordinación con los representantes de las provincias y de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo a los efectos de implementar los planes y programas estipulados en la ley. Consejo que en su primera fase, la norma establece claramente que debe ser mediante un decreto del PEN.

Es por eso que los intentos del INAI de materializar la participación indígena en el 2001 con el Consejo Consultivo Indígena, en el 2003 con el Comité Ejecutivo de los Pueblos Indígenas, y en el 2004 con el Consejo de Participación Indígena, no solamente carece de previsión legal , sino que mas allá de los valiosos hermanos participantes, han sido un engendro prohijado por el INAI, con el objeto de sustituir vanamente al Consejo de Coordinación, desconocer de plano las prescripciones de la ley, de la sentencia judicial y un instrumento para segregarlos hablar en la soledad, controlarlos , alimentar las apetencias de algunos conocidos lenguaraces de origen araucano , dividir y enfrentar hermanos contra hermanos.

Constituyen todo un hito histórico el logro de sentencias a favor de los pueblos indígenas que imponen al Estado el cumplimiento de la ley. Toca reconocer en este punto la firme decisión de la actora, la AIRA, y su cuerpo jurídico, en especial el extinto Dr. Horacio Maldonado que articulo la estrategia jurídica en el reconocimiento de los derechos indígenas en la reforma de 1994, y el Dr. Frites, de encarar una acción judicial aportando durante muchos años razones y pruebas acabadas e irrefutables a lo largo de este expediente en una desigual lucha frente a instituciones diseñadas en contra del mundo aborigen.

El 18/9/2007 la Excma Cámara de Apelaciones sentencio “que en el plazo de 30 días hábiles administrativos, acredite de modo fehaciente la conformación del CONSEJO DE COORDINACION y del CONSEJO ASESOR, indicando sus integrantes y la modalidad de su actuación” bajo apercibimiento de aplicar las astreintes.

Ante esta sentencia el INAI por Resolución 042/ del 28/2/2008, sin los nombramientos por el PEN de los representantes de los Ministerios de la Nación, ni del Consejo Asesor, designa sin facultades legales para hacerlo, a un grupo de ciudadanos indígenas para participar de un imaginado Consejo de Coordinación, que no existe aun, con lo que pretende dar cumplimiento a la ley y a la sentencia. El punto es entonces, conforme la última sentencia del Alto Tribunal que el CONSEJO DE COORDINACION de acuerdo a la ley y el art. 10 del Decreto Reglamentario 155-89 debe estar designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Mientras ello no ocurra, no existe tal Consejo de Coordinación.

La prueba irrefutable que el inventado “Consejo de Coordinación” fue un dibujo, una parodia montada , una artera simulación destinada solo a impresionar al Tribunal, es que a 2 años de su constitución, no se le dio vida institucional. Ninguno de las peticiones planteadas por todos los indígenas en ese ámbito reunidos, fueron cumplidos por el INAI, ni la firma del Decreto de designación o ratificación del Consejo de Coordinación, ni los recursos solicitados para el cumplimiento de su alta misión y funciones establecidas en el art. 7 del Decreto Reglamentario 155/89, ni las reuniones solicitadas fueron escuchadas. En suma la vana esperanza de hacer nacer dicha criatura fueron abortadas con ello un desolador desengaño para los indígenas participantes de tal intento.

Así las cosas, aunque apareciera el bendito Decreto, el duende de la dominación se pasea por el actual esquema institucional, queda claro que no existe voluntad política para llevar adelante una política indígena, en base a los derechos logrados consagrados y reconocidos en el derecho interno y la legislación internacional que tiene como sujetos exclusivos los pueblos indígenas argentinos. Por eso no existe una agenda de políticas públicas destinada hacia el mundo aborigen.

Por eso, los capitanes que tienen poderes de decisión, incapaces de advertir nuestra presencia histórica como las razones de tamaños derechos , como la naturaleza de los mismos, a pesar de todos las declamaciones , lisamente desconocen nuestra existencia, se empeñan de ponernos a la cola de los pobres bajo los punteros de toda laya, con políticas clientelistas, asistencialistas y coyunturales, donde tal vez podremos matar el hambre pero nunca se resolverá nuestra histórica postergación. Es que en su mente colonial no perciben que por las praderas de América corren vientos del Nuevo Pachacutti con inexorables cambios en nuestro continente.

A 200 años de la Revolución de Mayo y de la emancipación americana, los indígenas debemos tener claro que no es desde la claudicación de nuestros derechos, ni de la subyugación a los amos de las estructuras políticas corruptas y de los gobiernos vende patrias es que conseguiremos nuestro desarrollo y nuestras tierras. No nos darán nada que no sean migajas y espejitos de colores. La mejor manera de aportar a los esfuerzos de los pueblos por trasformaciones hacia una Gran Patria de todos, y honrar los mandatos de nuestros antepasados y libertadores de todos los tiempos, es a través de la lucha en todos los terrenos, la organización, la unidad, la capacitación, la movilización, empezando por exigir con toda firmeza se hagan efectivos nuestros irrenunciables derechos.

BUENOS AIRES, 25 Febrero de 2010.